La movilización de tropas, justificada para proteger a agentes federales durante redadas migratorias, es calificada como una “invasión inconstitucional” por sus opositores. En respuesta a las protestas contra las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la administración Trump ha federalizado y desplegado a cientos de soldados de la Guardia Nacional en Chicago. El contingente, compuesto por unos 200 efectivos de Texas y 300 de Illinois, tiene la misión de proteger al personal y las instalaciones federales. La decisión ha sido fuertemente criticada por el gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, y el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, quienes presentaron una demanda para bloquear la medida. Pritzker la calificó como una “invasión inconstitucional de Illinois por parte del gobierno federal”, mientras que Johnson acusó a Trump de “intensificar intencionalmente la violencia”. Una jueza federal, April Perry, otorgó una restricción temporal al despliegue, argumentando que el gobierno no presentó “pruebas creíbles” de un riesgo de “rebelión” que justificara la intervención militar y que la presencia de tropas podría “echar más leña al fuego”. Trump, por su parte, ha defendido su decisión, llegando a pedir el encarcelamiento de Pritzker y Johnson por “no proteger a los agentes de ICE”, y ha amenazado con invocar la Ley de Insurrección para eludir los bloqueos judiciales.