Si tuviera que aplicarla, lo haría”, afirmó Trump, especificando que la usaría si los tribunales o las autoridades locales le impidieran actuar contra el desorden.

Esta ley, raramente utilizada, permite al presidente movilizar al ejército en servicio activo para funciones de aplicación de la ley dentro del país, suspendiendo temporalmente la Ley Posse Comitatus que normalmente lo prohíbe.

El vicepresidente JD Vance confirmó que el presidente está “explorando todas las opciones”.

La amenaza surge en un contexto de creciente confrontación con gobernadores y alcaldes demócratas que se oponen a la militarización de sus ciudades para reprimir protestas contra las políticas migratorias. La posible invocación de esta ley es vista por críticos como un paso hacia el autoritarismo y una peligrosa erosión de la separación de poderes y la autonomía estatal.