Estas acciones han generado una fuerte controversia y denuncias de una politización sin precedentes del sistema judicial estadounidense.

James Comey, quien lideró la investigación del FBI sobre la posible interferencia rusa en las elecciones de 2016, se declaró “no culpable” de los cargos de declaración falsa y obstrucción al Congreso.

Sus abogados argumentan que el caso es una “persecución selectiva y vengativa”. La acusación fue presentada por una fiscal recién nombrada por Trump, Lindsey Halligan, después de que el presidente pidiera públicamente a la fiscal general, Pam Bondi, que actuara contra Comey. De manera similar, Letitia James, quien llevó a Trump a juicio por fraude en Nueva York, fue imputada por un gran jurado en Virginia por presunto fraude hipotecario.

James calificó los cargos como “infundados” y una “represalia política”.

Los críticos señalan un patrón de presión desde la Casa Blanca, citando un mensaje accidentalmente publicado por Trump en Truth Social donde instaba a Bondi a imputar a sus rivales, mencionando a Comey y a “Letitia”.

Estas acciones han sido descritas por la politóloga Denise Dresser como una criminalización de opositores y una extensión del poder presidencial a niveles inéditos.