Esta militarización ha provocado enfrentamientos con manifestantes y un choque de poder con autoridades locales demócratas.

Las redadas federales se han llevado a cabo en lugares públicos, generando un clima de temor en las comunidades inmigrantes. En respuesta, el condado de Los Ángeles declaró un estado de emergencia para proporcionar asistencia legal y de alquiler a los afectados.

En Chicago, las protestas contra las operaciones del ICE han sido reprimidas con gases lacrimógenos por agentes federales.

La orden de Trump de desplegar la Guardia Nacional ha encontrado una fuerte oposición de líderes locales como el gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, quien la calificó de "invasión inconstitucional".

Una jueza federal en Chicago bloqueó temporalmente el despliegue, al no encontrar pruebas de una "rebelión" que lo justificara. A pesar de ello, Trump ha atacado públicamente al alcalde de Chicago y al gobernador, sugiriendo incluso su encarcelamiento. Este conflicto evidencia la profunda tensión entre la autoridad federal y las llamadas "ciudades santuario", con Trump considerando el uso de la Ley de Insurrección para eludir la oposición local y continuar con su dura política migratoria.