Las revocaciones incluyen a más de 50 políticos del partido gobernante Morena, así como a decenas de funcionarios de otros partidos. El Departamento de Estado de EE. UU. afirmó que las visas pueden ser revocadas en cualquier momento por "actividades contrarias al interés nacional de Estados Unidos", sin necesidad de ofrecer explicaciones. Entre las pocas figuras que han confirmado públicamente la pérdida de su visa se encuentra la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, quien ha negado categóricamente cualquier vínculo con el crimen organizado. La medida forma parte de la estrategia de seguridad de Trump y se ve influenciada por la designación de algunos cárteles como organizaciones terroristas, lo que permite que la inteligencia de la DEA impacte directamente en el estatus migratorio de las personas.

Esta política ha generado incertidumbre y preocupación entre los funcionarios mexicanos, quienes temen ser objeto de investigaciones penales en Estados Unidos.