Esta estrategia ha provocado una fuerte reacción local.

En Chicago, residentes se han enfrentado a agentes federales, quienes han utilizado gases lacrimógenos para dispersar multitudes.

En Los Ángeles, la Junta de Supervisores del condado declaró un estado de emergencia por el impacto económico y social de las redadas masivas. La confrontación ha escalado al ámbito judicial, donde jueces federales en Chicago y Portland han bloqueado temporalmente el despliegue de la Guardia Nacional, argumentando la falta de pruebas de una “rebelión” que justifique la intervención militar. Ante estos reveses legales, el vicepresidente JD Vance confirmó que Trump no descarta invocar la Ley de Insurrección de 1807, una medida de emergencia que le permitiría desplegar al ejército en territorio nacional sin la aprobación de los gobernadores, para así eludir los fallos judiciales.