La Casa Blanca confirmó que los recortes podrían superar los 10,000 puestos de trabajo, una medida que busca presionar a los demócratas en el Congreso para que aprueben el presupuesto. El director de la Oficina de Administración y Presupuesto, Russ Vought, declaró que la intención es ser “muy agresivos donde podamos en cerrar la burocracia”.

Documentos del Departamento de Justicia revelaron que más de 4,000 empleados ya fueron despedidos, afectando principalmente a los departamentos del Tesoro, Salud, Educación y Vivienda. Esta acción ha sido calificada como un “abuso de poder” por sindicatos de trabajadores federales, quienes argumentan que los despidos son ilegales y tienen una motivación política. En respuesta, una jueza federal de San Francisco, Susan Illston, emitió una orden de restricción temporal para detener los despidos. La jueza argumentó que los empleados no pueden prepararse adecuadamente para sus ceses, ya que el personal de recursos humanos que podría asistirlos también está suspendido. Además, señaló que algunos trabajadores ni siquiera sabían de su despido porque los avisos fueron enviados a correos electrónicos gubernamentales inaccesibles durante el cierre.

La jueza Illston calificó la situación como un “costo humano que no se puede tolerar”. A pesar del bloqueo judicial, la Casa Blanca mantiene su postura, y el vicepresidente JD Vance advirtió que los recortes serán más “dolorosos” y profundos cuanto más se prolongue la parálisis presupuestaria.