John Bolton, quien fuera asesor de Seguridad Nacional durante el primer mandato de Donald Trump, fue imputado por un gran jurado federal con 18 cargos relacionados con el mal manejo de información clasificada. La acusación formal, solicitada por el Departamento de Justicia, señala a Bolton de retener y transmitir ilegalmente documentos de defensa nacional, incluyendo el supuesto envío de resúmenes diarios de sus actividades en la Casa Blanca a su correo personal y su posterior compartición con personas no autorizadas. Bolton, quien se ha convertido en un ferviente crítico del presidente, es el tercer adversario de Trump en enfrentar cargos criminales en las últimas semanas, sumándose al exdirector del FBI James Comey y a la fiscal general de Nueva York, Letitia James. La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, declaró que “cualquiera que abuse de una posición de poder y ponga en peligro nuestra seguridad nacional será responsabilizado”. Por su parte, Bolton reaccionó a la noticia afirmando que se ha “convertido en el último objetivo en la instrumentalización del Departamento de Justicia de Estados Unidos, con cargos que ya habían sido desestimados antes”. Su abogado, Abbe Lowell, aseguró que los hechos “se investigaron y resolvieron hace años” y que los documentos en cuestión eran parte de sus diarios personales no clasificados.
El presidente Trump, al ser consultado sobre la imputación, calificó a su exasesor como una “mala persona”.
La investigación contra Bolton se hizo pública en agosto, cuando agentes del FBI registraron su casa y oficina, incautando documentos etiquetados como “clasificados” y “secretos”.
En resumenLa imputación de John Bolton por mal manejo de información clasificada intensifica el debate sobre la politización del sistema judicial bajo la administración Trump. Mientras el Departamento de Justicia defiende la acción como una medida de seguridad nacional, Bolton y sus partidarios la denuncian como una persecución política contra un crítico del presidente.