La administración de Donald Trump ha intensificado el uso de la revocación de visas como herramienta diplomática y de presión, afectando a más de 50 políticos y funcionarios mexicanos, así como a ciudadanos extranjeros que han criticado a figuras conservadoras. Según informes, la medida contra los funcionarios mexicanos, en su mayoría del partido gobernante Morena, es parte de una ofensiva más amplia contra los cárteles de la droga y sus presuntos aliados políticos. Aunque solo algunos casos se han hecho públicos, como el de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, la acción es mucho más generalizada de lo que se conocía. Exembajadores estadounidenses señalan que, si bien la revocación de visas no es una práctica nueva, nunca se había utilizado a esta escala contra políticos en funciones.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, declaró no tener información oficial sobre el tema. Paralelamente, el Departamento de Estado revocó las visas de seis extranjeros de México, Argentina, Brasil, Paraguay, Alemania y Sudáfrica por publicar mensajes en redes sociales celebrando o burlándose del asesinato del activista ultraconservador Charlie Kirk. El gobierno de EE.
UU. justificó la acción afirmando que “no tiene ninguna obligación de acoger a extranjeros que desean la muerte a estadounidenses”. El subsecretario de Estado, Christopher Landau, conocido como “El Quitavisas”, ha defendido públicamente esta política, que ha generado un debate sobre la libertad de expresión y los límites del poder diplomático.
En resumenLa administración Trump está utilizando la revocación de visas como una controvertida herramienta de presión política, afectando a decenas de funcionarios mexicanos y a críticos extranjeros por sus opiniones en redes sociales. Esta estrategia, aunque defendida como una medida de seguridad nacional, ha generado tensiones diplomáticas y cuestionamientos sobre su impacto en la libertad de expresión y las relaciones internacionales.