La administración Trump ha utilizado la situación para presionar a los demócratas, amenazando con despidos masivos que, según la Casa Blanca, podrían superar los 10,000 empleados.

De hecho, más de 4,000 trabajadores ya fueron despedidos.

Una jueza federal en San Francisco intervino, bloqueando temporalmente los despidos al considerarlos ilegales y motivados políticamente.

La situación ha afectado gravemente a sectores como el control del tráfico aéreo, donde la escasez de personal ha provocado retrasos en al menos 15 aeropuertos. Además, programas sociales vitales como los cupones de alimentos (SNAP), que benefician a 40 millones de personas, están en riesgo si el cierre continúa en noviembre.

Incluso, se ha advertido que hasta el 80% del personal que maneja el arsenal nuclear podría ser despedido o suspendido, lo que representa una preocupación para la seguridad nacional. Mientras tanto, ambos partidos se culpan mutuamente, y el presidente de la Cámara, Mike Johnson, ha advertido que el país se encamina a uno de los cierres más largos de su historia.