La administración Trump ha intensificado su confrontación con los medios de comunicación, implementando nuevas y estrictas restricciones para los periodistas que cubren el Pentágono y presentando demandas multimillonarias por difamación contra importantes diarios. Bajo la dirección del secretario de Guerra, Pete Hegseth, el Pentágono impuso una nueva política que exige a los reporteros firmar un acuerdo para no publicar información que no haya sido previamente aprobada, incluso si no es clasificada, bajo amenaza de perder sus credenciales.
Esta medida fue calificada como un intento de “amordazar a los empleados y amenazar con represalias a los periodistas”. Como protesta, decenas de reporteros de los principales medios de comunicación de Estados Unidos, incluyendo The New York Times, The Washington Post, CNN e incluso la conservadora Fox News, se negaron a firmar y abandonaron sus oficinas en el Pentágono.
El presidente Trump respaldó las restricciones, afirmando que “la prensa es muy deshonesta”.
Paralelamente, Trump ha recurrido a la vía legal contra los medios.
Volvió a presentar una demanda por difamación contra The New York Times por 15,000 millones de dólares, un mes después de que una acción similar fuera desestimada. En julio, también demandó a Rupert Murdoch y The Wall Street Journal por 10,000 millones de dólares, y llegó a un acuerdo con Paramount por 16 millones de dólares por una cobertura del programa "60 Minutos".
En resumenLas acciones de la administración Trump, que combinan restricciones de acceso sin precedentes en el Pentágono con una estrategia de litigios multimillonarios, son vistas por las organizaciones de noticias como un ataque directo a la libertad de prensa y un intento de controlar la narrativa gubernamental, debilitando el derecho del público a la información.