El Departamento de Justicia de la administración Trump ha iniciado una serie de acciones legales contra varios de sus críticos y adversarios políticos, destacando la imputación del exasesor de seguridad nacional John Bolton por manejo indebido de información clasificada. Un gran jurado federal imputó a John Bolton por 18 cargos, incluyendo la transmisión y retención de información de defensa nacional. La acusación sostiene que Bolton compartió más de mil páginas de notas, que incluían información sensible, con su esposa e hija a través de correos electrónicos personales, y que almacenó documentos ultrasecretos en su casa. Bolton se declaró inocente y afirmó ser “el objetivo más reciente” de la “instrumentalización del Departamento de Justicia” por parte de Trump para perseguir a sus enemigos.
Este caso se suma a otras imputaciones recientes contra figuras críticas del presidente.
El exdirector del FBI, James Comey, fue acusado de obstrucción y falso testimonio, mientras que la fiscal general de Nueva York, Letitia James, quien previamente demandó a Trump por fraude, ahora enfrenta cargos federales por presunto fraude bancario. La fiscal general de Trump, Pam Bondi, ha defendido estas acciones afirmando que “nadie está por encima de la ley”. Sin embargo, estas imputaciones han avivado las preocupaciones de que el gobierno está utilizando el poder judicial para fines políticos, especialmente después de que Trump publicara un mensaje instando a Bondi a imputar a sus “enemigos políticos”.
En resumenLa serie de imputaciones contra prominentes críticos de Donald Trump, como John Bolton, ha intensificado las acusaciones de que su administración está utilizando el Departamento de Justicia como un arma para perseguir a sus adversarios. Estas acciones han generado un profundo debate sobre la independencia judicial y el presunto abuso de poder con fines de represalia política.