Estas operaciones, descritas por Washington como un "conflicto armado" contra los cárteles, han causado decenas de muertes y han provocado una fuerte tensión con Venezuela y Colombia. Desde agosto, Estados Unidos ha desplegado una flotilla de buques de guerra y aeronaves de vigilancia cerca de las costas de Venezuela. Se han reportado al menos siete ataques contra presuntas narcolanchas, con un saldo de más de 30 fallecidos. Uno de los incidentes más notables fue el ataque a un "submarino que transportaba drogas", confirmado por el propio presidente Trump.

En otro operativo, se reportaron por primera vez sobrevivientes, dos personas de nacionalidad ecuatoriana y colombiana, que fueron capturadas y repatriadas para su enjuiciamiento.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, justificó estas acciones comparando a los cárteles con "la Al Qaeda del hemisferio occidental", afirmando que serán "perseguidos y aniquilados".

La ofensiva ha generado una enérgica respuesta diplomática.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, acusó a Estados Unidos de violar su soberanía y de asesinar a un pescador civil, Alejandro Carranza, quien, según Bogotá, no tenía vínculos con el narcotráfico. Por su parte, el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela considera el despliegue militar como el preludio de un posible ataque contra su país y ha activado planes de defensa nacional.