Estas acciones han desatado una fuerte controversia y acusaciones de que la administración está utilizando el sistema judicial como un arma para perseguir a sus adversarios políticos.

La ofensiva judicial se ha intensificado en las últimas semanas.

John Bolton, quien se ha convertido en un abierto detractor de Trump, fue imputado por mal manejo de información clasificada, acusado de compartir notas de reuniones de seguridad nacional con su familia. Bolton se ha declarado inocente, afirmando que es víctima de un "abuso de poder" y que los cargos son una represalia por sus críticas. Por su parte, James Comey enfrenta cargos de falso testimonio y obstrucción de la justicia relacionados con la investigación sobre la interferencia rusa en las elecciones de 2016. Letitia James, quien lideró una exitosa demanda civil por fraude contra la organización de Trump, fue acusada de fraude bancario en un caso que ella califica como una "venganza política". Estas imputaciones se producen en un contexto en el que Trump ha pedido públicamente a la fiscal general, Pam Bondi, que actúe contra sus "enemigos", lo que ha generado serias preocupaciones sobre la independencia del Departamento de Justicia y la erosión de las normas democráticas.