Esta ofensiva ha generado una fuerte controversia y acusaciones de que el Departamento de Justicia (DOJ) está siendo utilizado como un arma para la persecución política.

Entre los imputados se encuentra John Bolton, exasesor de seguridad nacional, quien enfrenta 18 cargos por presunto mal manejo de información clasificada. Bolton, quien se declaró inocente, afirmó haberse convertido en "el último objetivo" de un DOJ instrumentalizado para atacar a los enemigos del presidente.

La acusación sostiene que compartió notas clasificadas con familiares a través de un correo electrónico personal que luego fue hackeado.

Otro caso notable es el del exdirector del FBI, James Comey, acusado de falso testimonio y obstrucción al Congreso en relación con la investigación sobre la interferencia rusa en las elecciones de 2016. La fiscal interina designada para el caso, Lindsey Halligan, fue abogada personal de Trump, lo que ha alimentado las sospechas de un conflicto de intereses. Asimismo, Letitia James, fiscal general de Nueva York y quien lideró una exitosa demanda por fraude contra la organización de Trump, ahora enfrenta cargos federales por presunto fraude bancario.

Ella ha calificado el proceso como una represalia y un "desesperado uso del sistema judicial como arma".

Estos casos se desarrollan en un contexto en el que Trump ha pedido públicamente que se procese a sus oponentes, erosionando las normas que tradicionalmente protegían a las agencias de seguridad de la presión política.