El tribunal concluyó que “es probable que el presidente haya ejercido legalmente su autoridad estatutaria”.

Trump justificó la medida por el alto índice de criminalidad y las protestas contra sus políticas migratorias, describiendo a Portland como una ciudad “devastada” y “en llamas”. Las autoridades de Oregón, incluyendo la gobernadora Tina Kotek, han calificado el despliegue como un “abuso de poder grave” que erosiona principios constitucionales. La jueza disidente Susan Graber señaló lo “absurdo” de aceptar la caracterización de Portland como una “zona de guerra”, dado el carácter a menudo pacífico y hasta festivo de las protestas. Esta estrategia de militarización se ha extendido a otras ciudades como Los Ángeles, Washington D.C.

y Memphis.

Además, Trump ha amenazado con enviar tropas a San Francisco y ha solicitado a la Corte Suprema permiso para desplegar la Guardia Nacional en Chicago, argumentando la necesidad de proteger al personal federal de inmigración. Estas acciones han sido vistas por los críticos como un intento de intimidar a la oposición política y reprimir la disidencia.