El presidente Donald Trump calificó a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, como un “líder del narcotráfrico”, anunciando el cese de todos los “pagos y subsidios a gran escala” a Colombia y amenazando con imponer nuevos aranceles.

La disputa se intensificó tras las críticas de Petro a las operaciones militares de EE. UU. en el Caribe, donde Washington ha atacado al menos siete embarcaciones sospechosas de narcotráfico, causando la muerte de más de 30 personas. Petro denunció que uno de los ataques, ocurrido el 16 de septiembre, resultó en el “asesinato” de un pescador colombiano, Alejandro Carranza, en aguas que, según él, eran territoriales de Colombia, constituyendo una violación a la soberanía nacional. En respuesta, Trump acusó a Petro de “fomentar fuertemente la producción masiva de drogas” y advirtió que si Colombia no cierra los cultivos ilícitos, “Estados Unidos los cerrará por él, y no lo hará de buena forma”.

El gobierno colombiano denunció esta declaración como una “amenaza de invasión”.

Como resultado, Colombia llamó a consultas a su embajador en Washington, Daniel García-Peña.

A pesar de la tensión, se realizó una primera reunión entre Petro y el encargado de negocios de EE.

UU. en Bogotá, John T. McNamara, donde ambas partes acordaron buscar una solución al “impase”.

Petro, por su parte, ha mantenido una postura firme, declarando antes del encuentro: “Yo no voy a conceder, voy a exigir”.

La crisis se enmarca en un contexto más amplio de desacuerdos, incluyendo la revocación de la visa de Petro por parte de EE. UU. y la descertificación de Colombia como país aliado en la lucha antidrogas.