Las reclamaciones se presentaron a través de un proceso administrativo. La primera, de finales de 2023, busca una indemnización por supuestas violaciones a sus derechos durante la investigación sobre la interferencia rusa en las elecciones de 2016. La segunda, de 2024, acusa al FBI de violar su privacidad durante el registro de su residencia en Mar-a-Lago en 2022 y al Departamento de Justicia de “persecución maliciosa” por la imputación relacionada con el mal manejo de documentos clasificados. Trump confirmó la existencia de la reclamación, declarando a periodistas: “Probablemente me deben muchísimo dinero. Si recibo dinero de nuestro país, haré algo bueno con él, como donarlo a la caridad o dárselo a la Casa Blanca”. El propio presidente reconoció lo inusual de la situación: “Es muy extraño tomar una decisión en la que me pago a mí mismo...

Pero fui muy perjudicado”.

Juristas y expertos en ética han calificado la situación como una “atrocidad”, destacando el conflicto fundamental de que un presidente busque una compensación del mismo gobierno que lidera, con sus propios subordinados revisando el caso. El Departamento de Justicia ha asegurado que todos los funcionarios seguirán las directrices de los asesores de ética de carrera.