Esta estrategia, autorizada por el presidente, ha generado una fuerte condena internacional y ha elevado las tensiones diplomáticas, especialmente con Colombia y Venezuela.

Desde principios de septiembre, las fuerzas estadounidenses han ejecutado al menos nueve “ataques cinéticos letales” contra lo que denominan “narcolanchas”, resultando en la muerte de al menos 37 personas. Inicialmente concentrados en el Caribe, cerca de las costas de Venezuela, los operativos se extendieron al Pacífico, con dos ataques reportados frente a Colombia. El secretario de Guerra, Pete Hegseth, justificó las acciones comparando a los presuntos narcotraficantes con Al Qaeda, afirmando que “estos cárteles están librando una guerra contra nuestra frontera y nuestro pueblo”.

La Casa Blanca enmarca estas operaciones en un “conflicto armado” contra los cárteles, designados como “organizaciones terroristas”, amparándose en la misma autoridad legal utilizada tras los atentados del 11-S.

Sin embargo, esta justificación ha sido cuestionada por expertos de la ONU, quienes califican los ataques como “ejecuciones extrajudiciales” que violan el derecho internacional.

La ofensiva ha provocado una crisis con Colombia, cuyo presidente, Gustavo Petro, denunció que entre las víctimas hay pescadores inocentes y acusó a EE.

UU. de cometer “crímenes de guerra”.

En paralelo, Trump ha amenazado con realizar ataques terrestres si el tráfico de drogas continúa, declarando que “les golpearemos muy duro cuando vengan por tierra, no lo han experimentado aún”.