El fallo revocó una orden judicial anterior que bloqueaba la movilización, argumentando que el presidente “ejerció legalmente su autoridad”. Sin embargo, la decisión fue dividida y la jueza disidente, Susan Graber, la calificó de “absurda”, señalando que erosiona principios constitucionales al aceptar la caracterización de Portland como una “zona de guerra”. En Chicago, la situación es diferente.

Una jueza federal extendió por 30 días la orden que bloquea el despliegue de tropas, mientras el gobierno de Trump ha solicitado una orden de emergencia a la Corte Suprema para anular esta restricción, argumentando un “daño grave e irreparable” a la capacidad del Ejecutivo para mantener el orden. El presidente también ha amenazado con enviar tropas a San Francisco, afirmando que la ciudad “salió mal” y que lo “quieren” allí.

Los líderes demócratas, como el gobernador de California, Gavin Newsom, han calificado estas acciones como un “abuso de poder” y una militarización de las comunidades con fines políticos, amenazando con demandar a la administración federal.