Las reclamaciones se presentaron en dos expedientes. La primera, a finales de 2023, alega violaciones a sus derechos durante las pesquisas sobre la injerencia rusa en las elecciones de 2016. La segunda, del verano de 2024, acusa al FBI de violar su privacidad en el registro de su residencia de Mar-a-Lago y al Departamento de Justicia de “persecución maliciosa” por el manejo de documentos clasificados. Trump ha declarado que, de recibir el dinero, lo donaría a la caridad, pero reconoció la extraña situación: “Es muy extraño tomar una decisión en la que me pago a mí mismo...

Pero fui muy perjudicado”.

Expertos legales han calificado el caso como una “crisis ética evidente”.

Funcionarios clave que deberían evaluar la petición, como el vicefiscal general Todd Blanche, fueron abogados de Trump. La normativa del Departamento de Justicia estipula que un acuerdo de esta magnitud debe ser aprobado por el fiscal general adjunto, cargo que ocupa Blanche. La situación ilustra una tensión extrema entre el poder ejecutivo y el sistema judicial, enfrentando al gobierno con la decisión de indemnizar al propio presidente por investigaciones que él considera injustas.