Según The New York Times, Trump ha presentado dos quejas.

La primera, de finales de 2023, alega violaciones a sus derechos durante la investigación del FBI sobre la interferencia rusa en las elecciones de 2016. La segunda, del verano de 2024, acusa al FBI de violar su privacidad durante el registro de su residencia en Mar-a-Lago y al Departamento de Justicia de “persecución maliciosa” por el caso de los documentos clasificados. Trump afirmó ante periodistas que probablemente le “deben muchísimo dinero” y que, de recibirlo, lo donaría a la caridad. Sin embargo, reconoció la extrañeza de la situación: “Es muy extraño tomar una decisión en la que me pago a mí mismo...

Pero fui muy perjudicado”.

Expertos en ética legal han calificado la situación como una “atrocidad” y un conflicto “demasiado absurdo para creerlo”.

La aprobación de un acuerdo de esta magnitud recaería en el fiscal general adjunto, Todd Blanche, quien fue el principal abogado de Trump en sus juicios penales, o en el jefe de la división civil, Stanley Woodward Jr., quien representó a varios colaboradores del presidente. El Departamento de Justicia ha declarado que sus funcionarios siguen las directrices de los asesores de ética, pero la situación pone a prueba la independencia de la institución.