El presidente Donald Trump ha ordenado la demolición completa del histórica Ala Este de la Casa Blanca para construir en su lugar un suntuoso salón de baile valorado en 300 millones de dólares que planea bautizar con su propio nombre. La controvertida decisión ha provocado una ola de críticas por parte de historiadores, conservacionistas y opositores políticos, quienes la consideran un atentado contra el patrimonio nacional. El proyecto contempla un salón de ocho mil metros cuadrados con capacidad para 900 personas, cuya construcción comenzó sin la revisión pública de las comisiones de planificación y bellas artes, aprovechando el cierre del gobierno. Trump ha justificado la obra como una modernización necesaria para albergar grandes eventos de estado, quejándose de que los espacios actuales son insuficientes y que el uso de carpas en los jardines es inadecuado. El financiamiento, según la Casa Blanca, proviene enteramente de donaciones privadas de magnates y grandes corporaciones tecnológicas como Amazon, Google, Meta y Microsoft.
Durante una cena con los patrocinadores, Trump declaró: “Este es el precio de tener acceso al Presidente”.
La demolición del Ala Este, construida en 1902 y ampliada en 1942, elimina un espacio que durante décadas albergó las oficinas de las primeras damas y fue escenario de importantes eventos históricos.
El diario The New York Times dedicó un obituario al área, recordando sus 123 años de historia.
Mientras algunos exfuncionarios lamentan la pérdida, otros, como una exsecretaria social de la era Reagan, señalan que el cambio era necesario. La primera dama, Melania Trump, ha tenido poca presencia en dicha oficina, la cual, según se informa, convirtió en una “sala para envolver regalos”.
En resumenDonald Trump inició la demolición de la histórica Ala Este de la Casa Blanca para edificar un nuevo salón de baile de 300 millones de dólares que llevará su nombre. Financiado por donantes privados, el proyecto ha generado una fuerte polémica, siendo calificado por críticos como una afrenta al patrimonio histórico, mientras la administración lo defiende como una modernización necesaria.