La campaña militar ha incluido al menos diez ataques letales contra pequeñas embarcaciones en el Caribe y el Pacífico desde septiembre, resultando en más de 43 muertes. La administración Trump justifica estas acciones, sin presentar pruebas públicas, al vincular las embarcaciones con grupos designados como terroristas, como el Tren de Aragua de Venezuela. Los gobiernos de Venezuela, Colombia y Cuba han condenado enérgicamente estas operaciones.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, las ha calificado como una "amenaza" y un pretexto para un cambio de régimen, acusando a EE.UU. de "inventarse una nueva guerra eterna".

En respuesta, Venezuela ha realizado ejercicios militares para proteger sus costas.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, ha denunciado los ataques como "ejecuciones extrajudiciales" que violan el derecho internacional.