Además, un destructor lanzamisiles, el USS Gravely, arribó a Trinidad y Tobago para realizar ejercicios militares conjuntos.

El senador republicano Lindsey Graham, cercano al presidente, adelantó que Trump planea informar al Congreso sobre “posibles operaciones militares futuras contra Venezuela y Colombia”, confirmando que se está evaluando la “expansión del mar a la tierra”. Graham defendió la legalidad de los ataques, afirmando que Trump tiene “toda la autoridad del mundo.

Esto no es asesinato. Esto es proteger a Estados Unidos del envenenamiento por narcoterroristas”.

Sin embargo, críticos como el senador demócrata Rubén Gallego han calificado los ataques como “asesinato autorizado”, ya que no se ha probado que las embarcaciones transportaran drogas. Los gobiernos de Nicolás Maduro en Venezuela y Gustavo Petro en Colombia han denunciado las acciones como ejecuciones extrajudiciales y una amenaza a su soberanía, mientras que Brasil ha expresado su preocupación por el “uso de la fuerza”.