Como resultado, todos sus activos bajo jurisdicción estadounidense quedan bloqueados y se prohíbe a ciudadanos y entidades de EE.UU. realizar transacciones con ellos.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, justificó la acción afirmando que “desde que el presidente Gustavo Petro llegó al poder, la producción de cocaína en Colombia se ha disparado a su nivel más alto en décadas”. La medida se enmarca en una escalada de tensiones, después de que el presidente Donald Trump calificara a Petro de “líder del narcotráfico” y anunciara la suspensión de la ayuda financiera a Colombia. El secretario de Estado, Marco Rubio, aclaró que las sanciones son individuales contra Petro y su círculo, y no se impondrán aranceles adicionales a Colombia para no perjudicar su economía. Petro ha rechazado categóricamente las acusaciones, calificándolas de “arbitrariedad propia de un régimen de opresión” y una “paradoja”, considerando su historial de lucha contra el narcotráfico. Anunció que se defenderá judicialmente en Estados Unidos, afirmando: “ni un paso atrás y jamás de rodillas”.