La decisión marca un punto de quiebre en las relaciones históricamente aliadas entre Washington y Bogotá. Petro ha rechazado enérgicamente las acusaciones, calificándolas de “arbitrariedad propia de un régimen de opresión” y una “calumnia”.

Anunció que se defenderá judicialmente en Estados Unidos y denunció que las sanciones son una represalia por sus críticas a la política exterior estadounidense, incluyendo los ataques a presuntas ‘narcolanchas’ en el Caribe y su postura sobre el conflicto en Gaza.