El gobierno de Estados Unidos ha impuesto sanciones financieras directas contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, su esposa, su hijo y su ministro del Interior, acusándolos de tener vínculos con el narcotráfico y de permitir el florecimiento de los cárteles. La medida, anunciada por el Departamento del Tesoro, incluye a Petro y sus allegados en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), conocida como 'Lista Clinton', lo que implica el bloqueo de todos sus activos bajo jurisdicción estadounidense y la prohibición de transacciones financieras. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que "desde que el presidente Gustavo Petro llegó al poder, la producción de cocaína en Colombia se ha disparado a su nivel más alto en décadas". El presidente Donald Trump respaldó la decisión, calificando a Petro de "líder del narcotráfico" y "un mal tipo". La sanción marca una drástica escalada en las tensiones, que ya eran altas debido a los ataques militares de EE.UU. a embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, que Petro ha calificado de "ejecuciones extrajudiciales". Petro reaccionó enérgicamente, calificando la sanción como una "arbitrariedad" y una "paradoja", dado su historial de lucha contra el narcotráfico.
"Ni un paso atrás y jamás de rodillas", escribió en X, anunciando que contratará a un abogado estadounidense para su defensa.
El secretario de Estado, Marco Rubio, aclaró que las sanciones son individuales y no contra el pueblo colombiano, descartando aranceles adicionales para no dañar la economía del país.
En resumenLa imposición de sanciones directas de EE.UU. al presidente Gustavo Petro y su círculo cercano por presuntos vínculos con el narcotráfico ha provocado una crisis diplomática sin precedentes entre los dos países, con Bogotá denunciando una persecución política y Washington defendiendo la medida como una acción necesaria para su seguridad nacional.