Esta permitirá a las autoridades recolectar información como huellas digitales y reconocimiento facial en todos los puntos de entrada, ya sean aéreos, terrestres o marítimos.

La regla elimina las exenciones previas por edad, afectando ahora a menores de 14 años y mayores de 79. El gobierno argumenta que un "sistema biométrico integrado de entrada y salida" ayudará a combatir amenazas como el terrorismo, el uso fraudulento de documentos de viaje y la sobrestadía de visitantes.

Sin embargo, la medida ha generado una fuerte oposición.

La abogada migratoria Kate Lincoln-Goldfinch advirtió que se está entrando en un "nuevo paradigma de vigilancia que exige supervisión jurídica activa", y cuestionó qué pasará con los datos, cuánto tiempo se conservarán y cómo se aclararán posibles errores. Organizaciones de derechos civiles también han expresado su preocupación, señalando que los algoritmos de reconocimiento facial han demostrado tener mayores tasas de error en personas de minorías raciales, lo que podría llevar a identificaciones incorrectas y problemas para viajeros legales.