Estas acciones, calificadas por Washington como una lucha contra el “narcoterrorismo”, han generado una fuerte condena internacional y tensiones diplomáticas con países latinoamericanos.

Desde principios de septiembre, las fuerzas armadas estadounidenses, por orden directa del presidente Trump, han ejecutado al menos 16 “ataques cinéticos letales” contra lanchas y semisumergibles en aguas internacionales. Según los informes del secretario de Guerra, Pete Hegseth, estas operaciones han dejado un saldo de al menos 62 personas fallecidas. Los ataques, que inicialmente se concentraron en el Caribe cerca de las costas de Venezuela, se han expandido recientemente al Pacífico Oriental, frente a las costas de Colombia, Ecuador y México. La justificación de la Casa Blanca es que las embarcaciones son operadas por “Organizaciones Terroristas Designadas” (DTO), como el Tren de Aragua, el ELN y cárteles mexicanos, que introducen drogas para “envenenar a los estadounidenses”. Sin embargo, no se han presentado pruebas públicas que confirmen estas afiliaciones o la presencia de narcóticos en todos los casos. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, han condenado los ataques, calificándolos de “ejecuciones extrajudiciales” y violaciones al derecho internacional. México ha citado al embajador de EE. UU. para revisar los protocolos y ha participado en el rescate de al menos un sobreviviente por “razones humanitarias”. La ofensiva ha sido criticada por su falta de transparencia y por eludir el debido proceso judicial, lo que ha llevado a senadores estadounidenses como Rand Paul a denunciar las acciones como “ejecuciones sumarias”.