Jueza federal bloquea el intento de Trump de exigir prueba de ciudadanía para votar

Una jueza federal en Washington ha bloqueado la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que buscaba exigir una prueba documental de ciudadanía para registrarse para votar a nivel federal. El fallo representa un revés para la insistencia de Trump en que existe un fraude electoral generalizado por parte de no ciudadanos y reafirma que el Congreso y los estados, no el presidente, poseen la autoridad para regular las elecciones. La jueza de distrito Colleen Kollar-Kotelly dictaminó que la orden del presidente constituye una “violación de la separación de poderes”, ya que la Constitución asigna la responsabilidad de la regulación electoral a los estados y al Congreso, sin otorgar un papel directo al presidente en este ámbito. La decisión prohíbe permanentemente a la Comisión de Asistencia Electoral de Estados Unidos (EAC) añadir el requisito de prueba de ciudadanía al formulario de registro de votantes federal. La demanda fue presentada por organizaciones demócratas y de derechos civiles, quienes argumentaron que el requisito podría privar del derecho al voto a ciudadanos elegibles, especialmente de comunidades minoritarias, y que representaba un abuso de poder por parte del ejecutivo. La orden ejecutiva de Trump argumentaba que la medida era necesaria para “protegerse contra la dilución por votos ilegales, discriminación, fraude y otras formas de mala conducta”. Sin embargo, los casos documentados de fraude electoral por parte de no ciudadanos son extremadamente escasos. Este fallo judicial se suma a otros reveses legales para los intentos de Trump y sus partidarios de imponer requisitos de votación más estrictos basados en afirmaciones no probadas de fraude electoral generalizado.

En resumen

Una jueza federal ha anulado la orden ejecutiva del presidente Trump de exigir una prueba de ciudadanía para el registro de votantes, dictaminando que se trata de una extralimitación inconstitucional del poder presidencial. La decisión es una victoria para los defensores del derecho al voto y una derrota legal para los esfuerzos de Trump por imponer requisitos de votación más estrictos basados en afirmaciones de fraude sin fundamento.

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