Sin embargo, Washington no ha presentado públicamente pruebas que vinculen a las víctimas con actividades ilícitas o que demuestren que representaban una amenaza inminente.

Esta situación ha provocado una enérgica condena por parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Volker Türk, calificó los ataques como “inaceptables” y “ejecuciones extrajudiciales” que violan el derecho internacional, instando a Estados Unidos a detenerlos de inmediato. La campaña también ha elevado las tensiones regionales; el presidente venezolano, Nicolás Maduro, acusa a Washington de usar la lucha antidrogas como un pretexto para “imponer un cambio de régimen”. Por su parte, la administración Trump ha defendido su autoridad para llevar a cabo estos ataques sin la aprobación del Congreso, argumentando que no constituyen “hostilidades” bajo la Resolución de Poderes de Guerra de 1973, una postura que expertos legales consideran una “afirmación descabellada sobre la autoridad ejecutiva”.