El prolongado cierre del gobierno federal ha desencadenado una crisis social que amenaza la seguridad alimentaria y el acceso a la salud de millones de estadounidenses, al suspender los fondos para el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) y poner en riesgo los subsidios de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA), conocida como Obamacare. El cierre, que ya supera los 30 días, provocó que el programa SNAP, del que dependen 42 millones de personas, se quedara sin fondos a partir del 1 de noviembre. La administración Trump inicialmente se negó a utilizar un fondo de contingencia de más de 5 mil millones de dólares, lo que llevó a que 25 estados presentaran una demanda para forzar la liberación de los recursos. Finalmente, dos jueces federales ordenaron al gobierno utilizar dichos fondos para mantener el programa, aunque de forma parcial.
El presidente Trump declaró que proporcionaría el dinero si los tribunales le daban “las directrices legales apropiadas”.
La situación ha generado largas filas en bancos de alimentos en todo el país. Simultáneamente, el inicio del periodo de inscripción para Obamacare coincidió con la inminente expiración de los subsidios mejorados, lo que, según la organización KFF, podría provocar que las primas de salud se disparen.
Por ejemplo, una prima de 888 dólares podría aumentar a 1,906 dólares.
La Oficina de Presupuesto del Congreso estima que esto podría causar que 4 millones de personas pierdan su seguro anualmente. La extensión de estos subsidios es el punto central del bloqueo en el Senado, donde los demócratas condicionan la aprobación del presupuesto a la continuidad de estas ayudas.
En resumenLa parálisis presupuestaria en Washington ha creado una emergencia social, interrumpiendo la ayuda alimentaria para millones de beneficiarios del programa SNAP y amenazando con aumentos drásticos en los costos de los seguros de salud de Obamacare. La crisis evidencia las graves consecuencias humanas del estancamiento político.