La decisión representa un importante revés para los esfuerzos de la administración de endurecer las regulaciones electorales. La jueza de distrito Colleen Kollar-Kotelly, en Washington, D.C., dictaminó que la directriz del presidente es una “violación inconstitucional de la separación de poderes”. En su fallo, la jueza argumentó que la Constitución asigna la responsabilidad de la regulación electoral a los estados y al Congreso, y que “el presidente carece de la autoridad para ordenar tales cambios”. La orden ejecutiva de Trump, emitida en marzo, argumentaba que la medida era necesaria para restaurar la confianza pública y asegurar que solo los ciudadanos estadounidenses voten. Sin embargo, la jueza prohibió permanentemente a la Comisión de Asistencia Electoral de Estados Unidos (EAC) tomar cualquier medida para añadir dicho requisito al formulario federal de votantes. Grupos demócratas y de derechos civiles, como el Comité Nacional Demócrata y la ACLU, que presentaron la demanda, celebraron el fallo como “una clara victoria para nuestra democracia”.

Argumentaron que el requisito podría privar del derecho al voto a ciudadanos elegibles, especialmente a comunidades minoritarias, y representaba un abuso de poder.

Los intentos de implementar requisitos similares a nivel estatal han enfrentado dificultades y han creado confusión para los votantes, como en Kansas, donde se impidió el registro de unas 30,000 personas antes de que la ley fuera anulada.