Estas operaciones, ordenadas por el presidente Trump, han tenido lugar tanto en el Mar Caribe como en el Océano Pacífico. La administración enmarca esto como una escalada necesaria en la “guerra contra las drogas”, y el secretario de Guerra, Pete Hegseth, ha declarado que los “narcoterroristas” serán tratados “exactamente como tratamos a Al-Qaeda”. Sin embargo, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, ha condenado los ataques como “inaceptables” y posibles “ejecuciones extrajudiciales”, argumentando que violan el derecho internacional humanitario al no existir un conflicto armado activo. La ONU afirmó que el narcotráfico es un asunto de aplicación de la ley y que la fuerza letal solo es permisible ante una amenaza inminente para la vida, lo cual no ha sido demostrado por Estados Unidos. La administración Trump ha respondido informando al Congreso que no cree que la Resolución de Poderes de Guerra de 1973 se aplique, ya que el personal estadounidense no está en peligro al ser los ataques realizados principalmente por drones, una interpretación calificada por críticos como una “descabellada afirmación de autoridad ejecutiva”.