La medida, justificada como un esfuerzo para fortalecer la seguridad nacional y combatir el fraude, ha sido criticada por legisladores demócratas, quienes alertan sobre “graves riesgos para la privacidad y las libertades civiles”. Estas políticas, sumadas a las agresivas redadas de ICE, reflejan un endurecimiento general de la postura migratoria del gobierno, que busca limitar drásticamente tanto la inmigración legal como la irregular.