Desde principios de septiembre, se han reportado al menos 17 ataques que han dejado más de 66 muertos.

El gobierno de Estados Unidos sostiene que estas acciones son necesarias para “proteger la patria” y evitar que las drogas “envenenen” a sus ciudadanos.

Sin embargo, esta ofensiva ha sido duramente criticada.

La ONU ha calificado los ataques como “inaceptables” y posibles “ejecuciones extrajudiciales”, argumentando que violan el derecho internacional humanitario, ya que no se desarrollan en un contexto de conflicto armado declarado. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, exigió el cese inmediato de estas operaciones. Gobiernos como los de Venezuela y Colombia también han denunciado los ataques, mientras que la Unión Europea ha pedido diálogo y una desescalada del conflicto. A pesar de las críticas, la administración Trump ha defendido su derecho a actuar, argumentando que no necesita la aprobación del Congreso bajo la Resolución de Poderes de Guerra, ya que las tropas estadounidenses no corren peligro directo.