Entre las reformas propuestas se incluyen fortalecer el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (RRM) y crear un mecanismo similar para sancionar violaciones ambientales.

Por su parte, la industria del petróleo y gas de EE.UU., representada por el Instituto Estadounidense del Petróleo (API), también acusó a México de violar el T-MEC de forma “impune y persistente”, favoreciendo a Pemex y CFE. En respuesta, el gobierno de México, a través del secretario de Economía Marcelo Ebrard, ha calificado como una “violación al tratado” los nuevos aranceles impuestos por Trump a camiones pesados fabricados en México, destacando que revertir esta medida es de “alta prioridad” para la revisión del acuerdo programada para 2026. Estas tensiones marcan un preámbulo complejo para la próxima revisión del T-MEC, donde se anticipa una renegociación de puntos clave en materia laboral, ambiental y energética.