El presidente del tribunal, John Roberts, señaló que los aranceles son en esencia «impuestos a los estadounidenses» y que esa potestad «siempre ha sido fundamentalmente del Congreso».

Incluso jueces conservadores como Neil Gorsuch y Amy Coney Barrett expresaron dudas sobre una delegación tan amplia de autoridad al ejecutivo.

La defensa del gobierno, encabezada por el fiscal John Sauer, argumentó que la IEEPA otorga al presidente una amplia facultad para regular el comercio en situaciones de emergencia y que revocar las medidas expondría a Estados Unidos a «represalias comerciales implacables». El secretario del Tesoro, Scott Bessent, defendió la política afirmando que su objetivo es «reequilibrar décadas de comercio desleal». Sin embargo, si la Corte falla en contra, el gobierno podría verse obligado a devolver más de 100,000 millones de dólares en aranceles ya cobrados y tendría que recurrir a otras leyes comerciales de alcance más limitado para imponer tarifas.