Estas operaciones letales han generado una fuerte controversia internacional y tensiones diplomáticas con países como Venezuela y Colombia.

El gobierno estadounidense defiende las acciones como «ataques cinéticos letales» contra buques operados por «organizaciones terroristas designadas» (DTO) que transportan narcóticos.

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, ha declarado públicamente que localizarán y destruirán «todos los buques que tengan la intención de traficar con drogas a Estados Unidos para envenenar a nuestros ciudadanos». El presidente Trump ha justificado los ataques asegurando que por cada embarcación destruida se salvan «25 mil vidas estadounidenses».

Sin embargo, la campaña ha sido duramente criticada.

El papa León XIV pidió «buscar el diálogo» y advirtió que «con la violencia no ganaremos».

La ONU y la Unión Europea también han expresado su preocupación, calificando los ataques como posibles violaciones al derecho internacional y ejecuciones extrajudiciales, al no haberse presentado pruebas de que las personas a bordo representaran una amenaza inminente.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, lamentó el «silencio» de América Latina ante estos hechos. Mientras tanto, el presidente venezolano Nicolás Maduro acusa a Washington de usar la lucha antidrogas como pretexto para un cambio de régimen, una sospecha que se alimenta con el masivo despliegue naval de EE.

UU. en la región, el más grande desde 1994.