El presidente del tribunal, John Roberts, señaló que los aranceles son en esencia “impuestos a los estadounidenses” y que la IEEPA no menciona explícitamente la palabra “arancel”. El gobierno, a través del procurador general D. John Sauer, ha defendido que la ley permite al presidente “regular” las importaciones en emergencias nacionales, como la crisis del fentanilo o los desequilibrios comerciales.

El propio Trump ha reaccionado enérgicamente, advirtiendo que un fallo en su contra sería “catastrófico para nuestro país” y que se vería obligado a desarrollar un “plan B”. En un cambio de retórica, también reconoció que los consumidores estadounidenses “pueden estar pagando algo” por los aranceles, aunque insistió en que el beneficio global es mayor. Si la Corte anula los aranceles, el gobierno podría verse obligado a reembolsar decenas de miles de millones de dólares ya recaudados.