Como resultado, los pasaportes ahora deberán reflejar el género asignado al nacer.

La política fue implementada por Trump mediante una orden ejecutiva firmada en su primer día de mandato, argumentando que el sexo biológico es necesario como referencia en documentos oficiales. La resolución del Supremo apoyó esta visión, afirmando que “mostrar el sexo de nacimiento de los titulares de pasaportes no atenta contra los principios de igualdad ante la ley más que mostrar su país de nacimiento; en ambos casos, el Gobierno simplemente da fe de un hecho histórico”.

Las juezas progresistas Ketanji Brown Jackson, Sonia Sotomayor y Elena Kagan discreparon, y Jackson escribió en su voto particular que la medida propicia un “escrutinio adicional, a veces humillante” para las personas transgénero. Esta decisión es parte de una serie de políticas de la administración Trump que afectan los derechos de las personas LGTBIQ+, como la prohibición de su participación en competiciones deportivas femeninas.