La medida desató una intensa batalla legal entre la administración Trump y múltiples demandantes, incluyendo ciudades y organizaciones civiles.

Ante la interrupción del financiamiento, que se agotó a principios de noviembre, un juez federal de Rhode Island, John McConnell, ordenó a la administración utilizar un fondo de emergencia de más de 4.6 mil millones de dólares para cubrir la totalidad de los beneficios del mes. El gobierno de Trump inicialmente propuso financiar solo un 50-65% de los beneficios y apeló la orden judicial, calificándola de “absurda”. El presidente Trump declaró públicamente en su red social Truth Social que las ayudas se entregarían solo cuando “los demócratas de la izquierda radical reabran el gobierno”. La disputa legal escaló rápidamente, con el gobierno presentando un recurso de emergencia ante un tribunal de apelaciones y posteriormente ante la Corte Suprema para detener la orden del juez. Mientras tanto, la crisis humanitaria se agudizó, con beneficiarios reportando saldos en cero en sus cuentas y recurriendo a bancos de alimentos.

Tihinna Franklin, una beneficiaria, manifestó: “Si no lo recibo, no comeré”.

A pesar de la apelación, algunos estados como California y Wisconsin comenzaron a emitir los pagos completos tras el fallo judicial inicial, mientras otros esperaban una resolución definitiva.