Estas acciones han provocado una fuerte condena internacional y han elevado las tensiones diplomáticas, especialmente con Venezuela.

El gobierno estadounidense justifica los bombardeos bajo la premisa de que se encuentra en un “conflicto armado” contra los cárteles, a los que ha designado como “organizaciones terroristas”. El presidente Trump ha afirmado que los ataques son necesarios para frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos y ha declarado que “no se trata sólo de Venezuela”, insinuando que otros países están involucrados. Para respaldar la operación, Washington ha desplegado una considerable fuerza naval en la región, que incluye destructores, un submarino y el portaaviones USS Gerald R. Ford. La ofensiva ha sido calificada por el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, como posibles “ejecuciones sumarias” contrarias al derecho internacional.

Gobiernos como los de Colombia, México, Brasil y Francia también han expresado su repudio.

El presidente francés, Emmanuel Macron, enfatizó que “la soberanía de cada país debe ser respetada absolutamente”. En el plano interno, el Senado de EE.

UU. rechazó una resolución impulsada por el demócrata Tim Kaine que buscaba impedir que Trump atacara Venezuela sin autorización del Congreso.

Mientras tanto, Rusia ha reiterado su “firme apoyo” a Caracas, manteniendo todos los canales de contacto abiertos ante lo que considera un “despliegue injustificado” de fuerzas estadounidenses.