Esta medida provocó demandas por parte de organizaciones sociales y gobiernos locales.

Un juez federal en Rhode Island ordenó al gobierno utilizar fondos de emergencia para garantizar los pagos completos, calificando la situación como inaceptable.

Sin embargo, el Departamento de Justicia apeló la decisión, argumentando que no puede ejecutar fondos no asignados por el Congreso.

La jueza de la Corte Suprema Ketanji Brown Jackson emitió una "suspensión administrativa", deteniendo temporalmente la orden del tribunal inferior y dando tiempo para una revisión más profunda.

Mientras tanto, el Departamento de Agricultura informó que utilizaría fondos de contingencia para ofrecer pagos parciales. Esta incertidumbre ha provocado que millones de personas, incluyendo padres de familia con discapacidad y madres solteras, recurran a bancos de alimentos y a la caridad para poder comer. La situación ha sido descrita como un drama humano en el que uno de cada ocho estadounidenses podría quedarse sin acceso a alimentos básicos.