Jueces tanto conservadores como progresistas, incluyendo al presidente del tribunal John Roberts, cuestionaron si el presidente se había extralimitado en sus poderes, argumentando que la Constitución otorga al Congreso la potestad de establecer impuestos.

Trump advirtió que un fallo en su contra sería "catastrófico para nuestro país".

En defensa de su política, el mandatario aseguró que los ingresos recaudados por los aranceles, que según el Departamento del Tesoro ascendían a 195 mil millones de dólares en nueve meses, permitirían pagar la deuda nacional y financiar el bono de 2,000 dólares por persona.

Esta promesa fue repetida en múltiples ocasiones.

A pesar de haber insistido en que los países extranjeros pagaban los aranceles, Trump reconoció posteriormente que los consumidores estadounidenses estaban pagando "algo" de esos costos, un notable cambio en su discurso.