En paralelo, el Departamento de Estado emitió directrices para negar visas a personas con padecimientos como obesidad, diabetes, cáncer, enfermedades cardiovasculares y trastornos de salud mental, argumentando que podrían requerir atención médica costosa. Esta política, fundamentada en el principio de "carga pública", también considera la edad del solicitante y su capacidad económica para costear tratamientos. La medida ha sido criticada por organizaciones de derechos civiles como discriminatoria y podría afectar a millones de solicitantes, especialmente de regiones como América Latina, donde la prevalencia de algunas de estas condiciones es alta.