La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha expresado su preocupación, señalando que existen “fuertes indicios” de que estos ataques constituyen “ejecuciones extrajudiciales” y violan el derecho internacional. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, instó a Estados Unidos a investigar la legalidad de las operaciones, argumentando que el uso de fuerza letal debe ser un “último recurso ante un ataque inmediato”, lo cual no parece ser el caso. Aliados clave también han mostrado su desaprobación; el Reino Unido suspendió el intercambio de inteligencia sobre embarcaciones sospechosas para no ser “cómplice” de acciones que considera ilegales. De manera similar, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ordenó la suspensión de la cooperación de inteligencia con agencias de seguridad estadounidenses, declarando que “la lucha contra las drogas debe subordinarse a los derechos humanos del pueblo caribeño”. Rusia también calificó los ataques de “inaceptables”.

Por su parte, el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela ha denunciado que la operación es un pretexto para un “cambio de régimen” y ha respondido con ejercicios militares masivos. El secretario de Guerra de EE.

UU., Pete Hegseth, ha defendido las acciones, afirmando que se realizan bajo la dirección del presidente Trump para “proteger nuestra patria y eliminar a estos terroristas de los cárteles”.