Se les permitirá ser liberados bajo una fianza de 1,500 dólares, posiblemente con monitoreo electrónico.

El fallo responde a una demanda presentada por el Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes y la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU). El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) condenó la decisión, acusando a "jueces activistas" de intentar evitar que sus oficiales arresten y deporten a "los peores de los peores". El número exacto de personas que serán liberadas es incierto, ya que muchos de los miles detenidos desde septiembre ya han sido deportados o han aceptado la salida voluntaria.