"Mi Ley (...) brinda al presidente Trump el pleno respaldo del Congreso para exigirle cuentas a México", declaró Arrington.

La iniciativa cuenta con el apoyo de importantes organizaciones del sector energético de EE. UU., como la Cámara de Comercio (U.S.

Chamber of Commerce) y el Instituto Estadounidense del Petróleo (API), que denuncian retrasos en permisos, burocracia excesiva y un trato preferencial hacia Pemex y CFE.

Si no se activa el panel de solución de controversias, los congresistas proponen utilizar la revisión del T-MEC en 2026 como un mecanismo para forzar a México a garantizar un acceso no discriminatorio a los inversionistas energéticos. La Secretaría de Energía de México ha negado las acusaciones, afirmando que el país no viola sus obligaciones internacionales y que el propio tratado ya contempla mecanismos para resolver inconformidades.